En 2019, nuestros equipos en México ampliaron sus actividades en ciudades a lo largo de la frontera con EE. UU., una zona peligrosa en la que quedaron atrapadas miles de personas, a las que el sistema de protección para solicitantes de asilo ya no ayuda y que sufren las consecuencias de políticas antimigratorias basadas en la penalización, la disuasión y la retención. En esta ruta, que anteriormente emprendían principalmente hombres adultos, vimos una cantidad cada vez mayor de mujeres, niños y familias enteras, que huían de la pobreza y la violencia extrema en sus países de origen –Honduras, El Salvador y Guatemala, el llamado Triángulo Norte de Centroamérica–.

En febrero de 2019, enviamos un equipo a Piedras Negras, en el estado de Coahuila, para asistir a unas 1.700 personas de origen hondureño que se habían refugiado en una fábrica abandonada, y a las que la Policía y el Ejército impedían todo movimiento. Estas personas fueron transportados más tarde a la fuerza en autobuses a otras ciudades, igual de peligrosas o más, como Reynosa. 

Los equipos de MSF que ya estaban trabajando en la Ciudad de México (en el Centro para Víctimas de Violencia Extrema y Tortura), en Tenosique y Coatzacoalcos (en el sur), y en Reynosa y Matamoros (en el norte), establecieron bases en Mexicali, Nuevo Laredo y Monterrey para atender a una cantidad cada vez mayor de personas que se encontraban con inmensas barreras físicas, burocráticas y políticas, y no podían encontrar refugio. Entre las personas a las que atendimos en la frontera norte, había muchos mexicanos deportados por Estados Unidos. 

Nuevo Laredo es ‘puerto de entrada’ oficial a EE. UU. desde el estado de Tamaulipas y uno de los principales puntos de repatriación de ciudadanos mexicanos. Aquí y en otras ciudades del norte, los solicitantes de asilo son sometidos a una “regulación”, una práctica que limita el número diario de personas que pueden solicitar asilo en cada paso fronterizo. 

Desde julio de 2019, Nuevo Laredo también comenzó a recibir a personas a las que se obligaba a regresar a México para aguardar allí la resolución judicial de su petición de asilo en EE. UU., tal y como establecen los llamados Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). MSF siguió ayudando a este colectivo vulnerable en varios refugios de la ciudad y advirtió reiteradamente del peligro de devolver a la gente a ciudades como Nuevo Laredo que, de todos los lugares en los que trabajamos, es aquel donde más riesgo de secuestro y extorsión hay. El 21% de los 643 migrantes atendidos en nuestro programa de salud mental en Nuevo Laredo en 2019 habían sido secuestrados. Nuestros pacientes han afrontado un largo ciclo de peligros insoslayables; muchos tuvieron que huir de su hogar para salvar la vida, para después ser víctimas de una violencia muy selectiva a lo largo de toda la ruta migratoria por México.

En Tamaulipas, son vulnerables a más violencia. En Mexicali, abrimos una sala de consultas para atender a migrantes, refugiados, deportados, desplazados internos y a quienes regresaban a México en virtud de los MPP. En octubre, también iniciamos actividades en Monterrey, uno de los principales centros de migrantes en la ruta del noreste, con el objetivo de detectar a quienes necesitaran atención especial por haber sufrido incidentes de violencia extrema. Además, capacitamos al personal de los refugios para que identificaran estos casos y pudieran ser transferidos a nuestro centro especializado para víctimas de tortura en la Ciudad de México. 

En 2019, continuamos con nuestro proyecto en Reynosa, que atiende a víctimas de violencia y violencia sexual, y a retornados mexicanos de EE. UU. En abril, observamos un aumento en el número de personas que llegaban a la ciudad debido a la política de “regulación”. Por lo tanto, tuvimos que reforzar nuestras actividades, para poder mantener los servicios en el único refugio que hay en la ciudad; este centro, con capacidad para 150 personas, a veces ha llegado a acoger hasta a 450, con otras 2.000 personas en lista de espera viviendo en el exterior, muy expuestas a secuestros, extorsión, robos y violencia sexual.

También tuvimos que ampliar nuestras operaciones en la ciudad de Matamoros para asistir a las personas que se desplazaban. Durante los primeros meses del año, la mayoría eran retornados mexicanos, pero esto cambió en agosto, cuando en la ciudad se implementaron los MPP y todos los días llegaban hasta 100 solicitantes de asilo obligados a regresar desde Estados Unidos. Muchos se instalaron al raso junto al puente internacional que une ambos países, en un campamento improvisado donde no había ni agua, ni saneamiento ni ningún tipo de servicio.

En el sur del país, MSF siguió trabajando en el único refugio de Tenosique (ciudad junto a la frontera con Guatemala), proporcionando asistencia médica y atención de salud mental. En Tapachula, el ‘puerto’ de entrada principal a México en esta frontera, llevamos a cabo una breve intervención similar a la de Monterrey para detectar y atender a víctimas de tortura y violencia extrema. En Coatzacoalcos, un punto de tránsito donde los viajeros generalmente toman un descanso antes de continuar viaje en ‘la Bestia’ (el tren de carga que atraviesa México), mantuvimos una clínica móvil. En junio, MSF denunció las redadas y detenciones masivas ejecutadas por las autoridades mexicanas, algunas de las cuales se produjeron cuando atendíamos a nuestros pacientes.

Aunque en México la llamada “entrada ilegal” es una infracción civil y no un delito, las personas detenidas son encarceladas y después deportadas a sus países de origen. Visitamos varios centros de detención y denunciamos lo que presenciamos: hacinamiento, insuficiencia de atención médica y escasez de alimentos, agua y saneamiento. 

Cada vez más, nuestro personal en el norte ve a mexicanos que han huido de estados peligrosos como Guerrero, donde también trabajamos. Allí, nuestros equipos asisten a comunidades afectadas o aisladas por la violencia generalizada en la zona, perpetrada por numerosos grupos delictivos. Tres equipos de MSF dirigen clínicas móviles en todo Guerrero y se centran en las aldeas recientemente afectadas por ataques o eventos violentos.