A pesar del proceso de pacificación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en algunas áreas del país sigue habiendo brotes frecuentes de violencia. Miles de civiles están sujetos al confinamiento o desplazamiento forzados debido a los enfrentamientos por el territorio entre grupos armados y organizaciones criminales, y muchos líderes comunitarios han sido asesinados. En 2018, nuestro equipo de emergencia viajó a Chocó, Norte de Santander y Arauca para asistir a personas desplazadas por el conflicto y pidió más ayuda para las comunidades afectadas.

Nuestros equipos también trabajan en puntos fronterizos en la frontera con Venezuela, para asistir a migrantes procedentes de este país. Brindamos atención médica de emergencia en lugares como La Gabarra, Hacarí, El Tarra y Puerto Santander. También destacamos un equipo al Hospital Regional del Norte de Tibú (Norte de Santander), para apoyar a los venezolanos que no tienen acceso a los servicios médicos debido a su situación administrativa en Colombia. Nuestras actividades se enfocaron principalmente en la atención médica para niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.

En Cali y Puerto Asís, nuestros equipos ofrecieron atención psicológica y apoyo mediante asistentes sociales a personas con familiares desaparecidos durante los años de conflicto en Colombia. Más de 11.600 personas participaron en actividades en grupo organizadas por MSF en 2018, y 443 se beneficiaron de intervenciones individuales y familiares. 

En Buenaventura, brindamos apoyo psicológico a víctimas de violencia, atención integral a víctimas de violencia sexual y servicios de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que lo solicitaron. MSF fue una de las organizaciones que se pronunciaron en contra de una iniciativa legislativa que buscó (sin éxito) restringir el acceso al aborto en Colombia; con este motivo, advirtió sobre las barreras —geográficas, económicas y culturales— que existen para mujeres que buscan un aborto seguro, incluso con la actual legislación que protege sus derechos. Todos nuestros proyectos en Colombia ofrecen tratamiento para víctimas de violencia sexual y servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

En 2018, los equipos en Buenaventura también ofrecieron asistencia médica de emergencia y distribuyeron kits de asistencia a personas indígenas y afrocolombianas que han sido desplazadas de sus comunidades en áreas rurales por los conflictos entre grupos armados o criminales. Además, atendimos una línea de asistencia telefónica y consultas de salud mental en los barrios de las afueras de la ciudad afectados por disputas territoriales entre grupos criminales.

Finalmente, cerramos nuestro proyecto en Tumaco, donde hemos tratado a víctimas de violencia física y violencia sexual, pero seguiremos teniendo presencia en la ciudad, dado que esta se convertirá en la base para nuestro equipo de respuesta de emergencia para Nariño y sus alrededores.