En Libia, los migrantes y refugiados son detenidos arbitrariamente y mantenidos en centros de detención no regulados, donde no tienen garantizada la atención médica. Esta la proporcionan el puñado de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras o las agencias de Naciones Unidas que han conseguido trabajar en este país a pesar de la violencia generalizada y la falta de seguridad.

El trabajo en el seno de un sistema de detención nocivo y explotador conlleva siempre el riesgo de provocar un daño: ese es el dilema al que se enfrentan los trabajadores humanitarios. Para MSF, estos dilemas se refieren a la independencia de su acción, del acceso a los pacientes y de la aceptación, y a las limitaciones que experimenta la respuesta que puede dar.

En primer lugar, es muy complicado conseguir el pleno acceso dentro de instalaciones que funcionan como cárceles y en las que la atención médica depende del consentimiento de las autoridades del centro. Libia está fragmentada y eso supone que algunos centros están más firmemente controlados por el Ministerio del Interior que otros; en algunas zonas, los centros están de hecho controlados por los grupos armados y milicias que ocupan esa porción del territorio. Y si las dinámicas de poder cambian, también lo hace la gestión de los centros, a veces de forma inesperada y de un día para otro. Y a todo ello se suma la línea borrosa que separa a las autoridades de las redes de tráfico de personas, algo que los observadores y expertos en la materia llevan señalando hace ya algún tiempo.

MSF se ve obligada a negociar el acceso a los detenidos y a atenderlos en presencia de guardias armados. Los médicos no siempre tienen plena libertad para hacer el triaje de pacientes y decidir quién debería ser examinado y tratado. En algunos centros, se oculta a los detenidos. Y al no haber un registro oficial, una vez que una persona entra en uno de estos centros, no hay forma de saber qué le ocurre. Esto hace extraordinariamente difícil el seguimiento de los pacientes, porque, de repente, una persona puede ser trasladada a otro centro o a algún lugar confidencial. Algunos sencillamente desaparecen sin dejar rastro.

Todo ello tiene claras consecuencias en la calidad de la atención médica que MSF puede proporcionar. Resultan preocupantes, por ejemplo, la propagación de enfermedades contagiosas y más concretamente las constantes interrupciones que sufre la administración de tratamientos a las personas con tuberculosis. Si esta enfermedad no se trata o se trata mal, no solo puede propagarse, sino que puede generar resistencias a la medicación, lo que supone una amenaza para la salud pública dentro y fuera de los centros de detención.

En segundo lugar, cuando MSF consigue permiso para trabajar en estos centros, corre el peligro de ser percibida como parte del sistema. La presencia del personal de MSF puede acabar dando un barniz de respetabilidad y legitimidad a un sistema que practica detenciones arbitrarias y expone a las personas recluidas a la violencia y la explotación. Para evitar esta percepción, MSF ha reclamado públicamente el fin de la detención arbitraria de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en Libia y ha denunciado las políticas migratorias adoptadas por la Unión Europea para sellar la costa de Libia y ‘contener’ allí a las personas que intentan cruzar el Mediterráneo, a sabiendas de que quedarán expuestas a una violencia y explotación.

En tercer lugar, la relevancia y efectividad de la intervención de MSF se ve lastrada por el hecho de que el sistema de detención es el que causa los problemas médicos a los que intenta dar respuesta. Las principales afecciones de los detenidos son las infecciones respiratorias, la diarrea acuosa aguda, las enfermedades de la piel y las infecciones urinarias. Estos problemas los causan o los agravan la falta de una atención médica adecuada y sostenida en el tiempo y las condiciones en que viven los detenidos, que no son ni humanas ni dignas.

Las intervenciones de más calado destinadas a frenar las infecciones de la piel, la sarna y las infestaciones de piojos y pulgas solo son un alivio temporal, ya que los colchones y esteras se reinfectan rápidamente. MSF deriva a los pacientes que lo necesitan a hospitales privados, pero siempre con la condición impuesta por las autoridades de que sean devueltos al centro una vez terminado el tratamiento. Las mujeres embarazadas que son ingresadas para dar a luz también tienen que volver a los centros con sus bebés recién nacidos.

La detención arbitraria también tiene un impacto directo en la salud mental. A la gente se la arresta sin saber qué será de ellas o cuándo se decidirá su suerte. Viven en la ansiedad y el miedo, desesperados por informar a sus familias de que están bien y sin poder hacerlo ya que no tienen contacto con el mundo exterior. Muchos pacientes muestran pensamientos suicidas, desórdenes del sueño, síntomas de estrés postraumático, ataques de pánico, depresión y ansiedad. Con regularidad, los equipos de MSF atienden a personas que necesitan atención psiquiátrica y deberían ser hospitalizadas, y cuyo estado se debe a las condiciones de detención o ha sido agravado por estas.

Antes de llegar a los centros, un abrumador número de detenidos ya habían sido víctimas de violencia y explotación hasta grados alarmantes, tanto en Libia como en los terribles periplos desde sus hogares. Hay muchas víctimas de violencia sexual, tráfico de personas, torturas y malos tratos. Entre los más vulnerables se encuentran los niños (a veces no acompañados), las mujeres embarazadas o lactantes, los ancianos, las personas con alguna discapacidad mental y los enfermos graves. A pesar de su vulnerabilidad y necesidad de protección, hay pocas posibilidades de atenderlos y a menudo no tienen ningún lugar seguro al que ir.

Los equipos de MSF ofrecen atención primaria mediante clínicas móviles regulares y servicios de derivación, con el fin de mejorar la atención que necesitan estas personas y aliviar su sufrimiento. Además de llegar a quien lo necesita, MSF no deja de alzar la voz para denunciar lo violento e inhumano de la situación de estas personas, víctimas de unas despiadadas políticas migratorias europeas que pretenden contener los flujos migratorios y apartar a la gente de la vista. Seguiremos evaluando esta situación, valorando si los beneficios de esta intervención son más importantes que los perjuicios y siendo transparentes sobre las concesiones que nos vemos obligados a hacer y sobre las limitaciones de la atención médica que podemos proporcionar en condiciones tan difíciles y restrictivas.