De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 2.297 personas se ahogaron o desaparecieron en el mar Mediterráneo en 2018, la mayor parte de ellas en aguas internacionales entre Libia, Italia y Malta. La del Mediterráneo siguió siendo la ruta de migración más mortífera del mundo.

Por otra parte, miles de supervivientes fueron rescatados pero devueltos a Libia por la fuerza, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y en violación del derecho internacional. En Libia, los refugiados y migrantes son sometidos rutinariamente a abusos, explotación e inhumanas condiciones de detención, que tienen graves consecuencias en su salud física y mental.

El barco de búsqueda y rescate Aquarius, operado por MSF y SOS Méditerranée, asistió a 3.184 personas en 2018. En junio, el nuevo Gobierno de Italia tomó la decisión sin precedentes de cerrar sus puertos a los rescatados, lo que dejó al Aquarius, con 630 personas a bordo, varado en el mar durante ocho días. Finalmente, el Aquarius fue aceptado por el Gobierno español y pudo desembarcar a los rescatados en Valencia, a más de 1.300 kilómetros de distancia.

La decisión italiana tuvo fuertes repercusiones en toda Europa y sentó un peligroso precedente, que paralizó las actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central. En los meses que siguieron, los Gobiernos europeos no ofrecieron una solución sostenible para compartir la responsabilidad de atender a las personas que llegan a las costas europeas. Así, hasta finales de año, los barcos de rescate y los supervivientes que llevaban a bordo quedaron varados durante días o semanas hasta que se llegaba a acuerdos especiales.

En agosto y septiembre de 2018, el Aquarius sufrió más presión política. A pesar de que cumplía totalmente con las regulaciones marítimas y las especificaciones técnicas, fue despojado de su bandera y su registro, primero por Gibraltar y luego por Panamá, a instigación del Gobierno italiano. Sin bandera, el Aquarius no podía seguir navegando.

La prolongada campaña para criminalizar a las ONG con operaciones de rescate se intensificó en noviembre, cuando la fiscalía de Catania (Sicilia) pidió la incautación del Aquarius, a cuenta de dudosas acusaciones de tráfico ilegal de residuos en los puertos italianos.

De inmediato, refutamos las afirmaciones de que habíamos participado en actividades delictivas o que los alimentos y la ropa descartados de los rescatados suponían un riesgo de transmisión de enfermedades como el VIH, la tuberculosis o la sarna.

Sin embargo, estos procedimientos judiciales, cuyas motivaciones son políticas, socavaron aún más nuestras expectativas de continuar con el trabajo de salvamento. Cuando acabó el año, no tuvimos más remedio que cancelar las operaciones del Aquarius. 

En tanto que los Gobiernos europeos eluden sus responsabilidades y obstaculizan el trabajo de las organizaciones de ayuda, la crisis humanitaria en el Mediterráneo central sigue abierta y presenta desafíos a largo plazo. Mientras haya personas muriendo ahogadas o siendo devueltas por la fuerza a Libia en contra del derecho internacional, MSF seguirá intentando llegar a ellas para proporcionarles atención médica y humanitaria.